Lo que la verdad esconde.

Lo que la verdad esconde
Lo que la verdad esconde y se nos quiere ocultar.

Alrededor de 100.000 docentes interinos accedieron por "oposiciones restringida" entre los años 1997 y 1985.

20.000 Maestros accedieron a ser funcionarios por "acceso directo" sin realizar oposiciones.

Mas de 5.000 catedráticos de instituto   los fueron por "concurso de méritos".

En los BOEs y BOJAs de los años 1977 a 1985 se esconde la verdadera realidad del acceso a la docencia pública en España. Fueron miles los docentes que accedieron por “restringidas” o mediante acceso directo. Nunca hubo la dificultad que existió ahora para el acceso, aumentada con una competitividad disparatada y la entrada en escena de las academias de preparación de oposiciones, costosas y muy especializadas. Tras el nefasto RD 850/93, creado por el gobierno González (PSOE), se dispuso un sistema de acceso que invalidó la experiencia como pauta real de selección. Jamás los interinos, desde 1994 lo tuvieron tan difícil para acceder a la fijeza.
Después de revisar las listas interminables que aparecen en BOEs y BOJAs de aquellos años (éstos últimos desde 1981), nos resulta curioso observar cómo, entre los miles que accedieron por oposiciones restringidas, se encuentran altos representantes políticos de todos los partidos, altos jefes de Consejerías y Delegaciones, Inspectores, catedráticos de todo tipo de asignaturas, representantes de sindicatos que ahora se ponen en contra de las reivindicaciones de los interinos.

¿Acaso antes eran justas para ellos e injustas para los interinos actuales? - Muchos de ello nos han lanzado a la cara la injusticia de nuestros propósitos ¿y los libres (muchos de sus hijos) qué?: somos unos caras que queremos fijeza sin competir con los demás en un mismo grado de igualdad ¡Qué infamia! ¡Qué descaro!¡ Qué cinismo! –

Se les olvidó el pasado, mejor no recordarlo.

¡Pues habrá que recordárselo...!

ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIADO DOCENTE.: UN SISTEMA OBSOLETO EN EL SIGLO XXI

La funcionarización de todos los cuerpos administrativos, también docentes, fue impuesta mediante varios decretos por el dictador Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1929 con el fin de acabar con el drama de las cesantías que se producían cuando el gobierno de turno cambiaba durante el periodo anterior en plena Restauración Borbónica.

El sistema de oposiciones siguió activo para ejercer la función pública durante la II República y, tras la guerra civil, Franco dispuso el mismo modelo de funcionarios por oposición para trabajar en el sector público, cada vez más fuerte con el nacionalismo estatal impuesto por el régimen.

Sin embargo, ante la falta de capital para financiar el ámbito público, la administración franquista trabajó con multitud de interinos. El acceso, por entonces a la interinidad administrativa (y también docente) estaba regida por el amiguismo, la consonancia ideológica con las ideas del régimen, etc.

En el caso de la docencia, no existía la dura bolsa de acceso que existe hoy. Eran los catedráticos de institutos quienes proponían como interinos a personas de su confianza, generalmente antiguos alumnos que habían concluido posteriormente sus estudios universitarios.

A la muerte de Franco en 1975, existen miles de docentes interinos, los antiguos PNNs, que desarrollan su trabajo en precarias condiciones, siendo masivos en el ámbito universitario y en la docencia no universitaria. El problema de la interinidad en la docencia resurge a la muerte del dictador como consecuencia de una mala gestión administrativa. La interinidad es, sin duda, un residuo del franquismo.

Es evidente que el modelo funcionarial vigente, en el momento actual de nuestra democracia ha fracasado, ha quedado obsoleto. Hoy día, en las administraciones de países prósperos, en donde se busca la calidad de un servicio eficaz a los ciudadanos, tales como Inglaterra, Italia, Holanda, Bélgica, EEUU, etc. (por supuesto también en el ámbito de la docencia pública universitaria y no universitaria) se prefiere el contrato laboral, sometido al lógico control de inspección para proteger la calidad del servicio.

Eso sí, con una defensa a ultranza de estos trabajadores por parte de los sindicatos para que este sistema de laboralización no genere precariedad.

¿Puede algún examen realizado en un momento puntual determinar la validez profesional vitalicia para el desempeño de un trabajo? – Evidentemente no. La experiencia y la renovación contractual tras el buen cumplimiento de una función, sí. Está claro que en España, en este y parecidos aspectos, estamos más cerca de 1929 que del siglo XXI.

Curiosamente, este modelo laboral es el que se elige hoy día para las modernas “empresas públicas”, en donde es prioritaria la búsqueda de una calidad de servicio y en donde se ha desechado el sistema funcionarial. Así funcionan mayoritariamente las Gerencias locales, los patronatos y fundaciones públicas, etc.

ALREDEDOR DE 50.000 DOCENTES INTERINOS ACCEDIERON POR RESTRINGIDAS ENTRE 1977 Y 1979

El RD 161/1977 de 21 de Enero (BOE de 15 de febrero de 1977) reguló el acceso a la función pública docente durante los años de la incipiente democracia, entre los años 1977 a 1979. Eran años donde se necesitaban profesores para la docencia pública. La pretensión del gobierno Suárez (UCD) de alcanzar la plena escolarización llevó a la contratación masiva de interinos, defecto que se arrastraba desde los tiempos de la dictadura franquista.

Ante la fuerte presión social y sindical realizada por los docentes interinos (antiguos PNNs) en 1977 realizando una gran huelga indefinida, multitud de encierros y manifestaciones, se consiguió la realización de una acceso diferenciado.

El mencionado RD 161/77 dispuso la salida a oposiciones de cerca de 80.000 plazas para toda España entre los años 1977 a 1979, regulándose un 25% para titulados no interinos, un 25% en caso de movilidad del grupo B al A, (con la condición de ser maestros licenciados funcionarios con 10 años de servicio), y un 50% de oposiciones restringidas para interinos. Todas las plazas que no se cubrieran de la movilidad (que no se cubrían apenas) pasaban a incorporarse al turno restringido.

Durante estos años no existió apenas competencia en las oposiciones.

Libres e interinos competían aparte, el número de plazas que se sacaban era casi similar al número de docentes que se presentaban y los exámenes eran de mayor facilidad: elaboración de 1 tema por escrito entre 6 y exposición oral de un tema elegido por el aspirante.

Además los méritos se computaban desde la primera prueba, siendo de 1 punto por año durante los 5 años anteriores y 0,5 en los años anteriores a esos cinco. En la práctica, interinos con nota de un 2, 5 en la fase de oposición alcanzaban la plaza. Además, si se aprobaba sin plaza, se pasaba automáticamente a “funcionario” en expectativa de destino para alcanzar el funcionariado en el momento que se crease la plaza, sin tener que concurrir de nuevo a las oposiciones.

En 1977 fueron 3.000 interinos de bachillerato y 4.000 maestros de toda España los que entraron por restringidas.

En 1978 fueron 11.000 interinos de bachillerato y 5.000 maestros, (entre estos 1.000 docentes aprobaron sin plaza, pero se les reconoció posteriormente su condición de funcionario al crearse nuevas plazas).

En 1979 fueron 7.000 los docentes interinos de bachillerato que accedieron por restringidas, y 10.000 de Educación General Básica (E.G.B.). En este último año hubo incluso dos convocatorias ante la necesidad de docentes que demandaba el sistema educativo.

Del mismo modo hay que sumar otros miles de interinos pertenecientes al cuerpo de Formación Profesional (alrededor de unos 5.000) y maestros de taller (unos 3.000). Redondeando, fueron cerca de 50.000 docentes interinos los que accedieron por restringidas entre 1977 y 1979.

Calculamos que fueron unos 35.000 docentes no interinos los que accedieron por libre, pero eso sí, con una competitividad escasa, al no tener que competir con interinos y con exámenes relativamente fáciles en comparación a lo que existen hoy.

Además, con amplias posibilidades de entrar como interinos sin otro mérito que la posesión del título ante la demanda continua de profesores en la enseñanza pública para dar cobertura a la plena escolarización que por entonces era el objetivo político. El paso siguiente, en ese caso, era participar en las restringidas para acceder al funcionariado.

CONTINUIDAD DE LAS OPOSICIONES RESTRIGIDAS ENTRE 1979-1985: 40.000 DOCENTES INTERINOS MÁS ACCEDEN AL FUNCIONARIADO.

Acabado este sistema de tres años (1977-79), la realidad deparó que el número de plazas convocadas seguía siendo insuficiente. El número de interinos que habían engrosado la administración pública seguía siendo alto y la demanda de profesores era continua.

Por ello, el gobierno Suárez (UCD) legisló el Real Decreto Ley 6/1979, para perpetuar el sistema de acceso por restringidas, que siguieron realizándose, al menos hasta el año 1985, justificado aún más con los graves problemas de falta de personal y necesidades de concursos de traslados para los nuevos funcionarios, originados por el comienzo de las transferencias educativas a las comunidades autónomas, en principio País Vasco y Cataluña, y a partir de 1982 a Andalucía. De este modo, hemos encontrado numerosas oposiciones restringidas de esos años.

Sabemos que en 1980 se convocaron y cubrieron 1.000 plazas para maestros y 1.200 plazas para agregados de bachillerato en restringidas. Los exámenes seguían siendo de gran facilidad, sumándose la experiencia desde el primer momento. Para el caso de los maestros, existía una primera prueba de Fundamentos Metodológicos por la que el opositor desarrollaba por escrito el tema que libremente quisiese de un temario al respecto. La segunda prueba consistía en una Aplicación Didáctica, por oral tras dos horas de preparación, de un tema del área curricular por el que se presentaba el opositor, elegido entre 1 de 3 por sorteo. Había que obtener una calificación mínima de 2,5 para que se sumasen los méritos desde la primera prueba.

En 1981 fueron 1250 plazas restringidas para maestros y 2.000 para agregados.

A partir de 1982 salían varias convocatorias anuales, con gran reserva para interinos en restringidas, unas para plazas en Andalucía, Cataluña y País Vasco (ya había competencias en Educación), y otra para el territorio administrado por el Ministerio de Educación, todavía aún amplio. En 1982, accedieron por restringidas 2.500 maestros y 3.300 profesores de secundaria (1.100 plazas para Andalucía y 2.200 para zona del Ministerio y otras comunidades históricas con competencia en educación).

En 1983 hubo 650 plazas restringidas de Formación Profesional, y 2.076 plazas para agregados (676 plazas para Andalucía y 1500 para otros territorios).

En 1984 se quiso terminar de una vez con el grave problema de precariedad que tenían los interinos docentes por lo que se convocaron, casi como ley de punto final, varias convocatorias masivas con reserva de restringidas para interinos en Andalucía, País Vasco, Cataluña y territorio del Ministerio. En total unas 10.000 plazas de agregados y 7.500 plazas para maestros y otras miles de Formación Profesional y Maestros de Taller.
En total, en torno a 40.000 plazas se cubrieron por interinos en restringidas entre 1979 y 1985. Sumadas a las 50.000 entre los años 1977 y 1979, más otras convocatorias que no hemos llegado a encontrar (en País Vasco y Cataluña, que ya poseían su Boletín Oficial donde se realizaban las convocatorias), podemos confirmar que alrededor de 100.000 docentes interinos accedieron por restringidas entre los años 1977 a 1985)

LA TRANSITORIA LOGSE Y LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
A partir de 1985,el sistema falla por la inestabilidad que estaban sufriendo las plantillas, empezando a darse los primeros casos de docentes suprimidos o desplazados por sobredotación de los centros, coincidiendo con una bajada alarmante de la natalidad española. La plena escolarización estaba prácticamente conseguida y ya no era tan necesario un gran número de docentes. Había aumentado la competitividad de forma alarmante debido a los numerosos titulados que salían de las Universidades- quienes ante la dificultad en el acceso veían un trato desigual la reserva de plazas a interinos. Por todos estos motivos las oposiciones se paralizaron. Aún así en 1985 sabemos que en Andalucía se ofertaron 150 plazas en restringidas para agregados y 100 para Formación profesional. Fueron las últimas restringidas.

El volumen de oposiciones convocadas entre 1985 y 1991 fue pírrico, recurriéndose de nuevo a la contratación masiva de interinos – una lacra más del sistema funcionarial-. Así volvió a elevarse el número de interinos. En 1990 se implanta la LOGSE, que trajo mayor inestabilidad de plantillas al sufrirse severos cambios de asignaturas, itinerarios educativos, etc.. Se aprovechó para introducir en dicha ley una disposición transitoria,- unas restringidas encubiertas durante 3 años (años 91 al 93)- que provocó el acceso de unos 15.000 interinos en toda España, unos 6.000 en Andalucía, donde mayores eran las necesidades educativas. Sin embargo, tampoco se solucionó el problema.

La inestabilidad aludida de la LOGSE y el propio sistema funcionarial que demanda interinos para cubrir excedencias, sustituciones, bajas, etc., provocó que desde el año 1994 las oposiciones convocadas volvieran a ser pírricas, coincidiendo además con una salida masiva de titulados universitarios de las masificadas universidades. Se volvía repetir el eterno problema, ya claramente cíclico, de los interinos. Actualmente hay 80.000 docentes interinos en toda España y 20.000 interinos en Andalucía en un callejón sin salida, ante un acceso regido por el RD. 850/93 (de implantación socialista) que no valora la experiencia, la alta competitividad existente (imposible comparar con 1979, donde salían igual plazas que profesores había), la edad de los interinos, las cargas familiares contraídas por éstos, la mayor carga de trabajo exigida, con lógica, en la educación actual, etc.

Otro tema aparte son las sentencias constitucionales en contra de restringidas. Las impugnaciones que llevaron a cabo opositores libres y sindicatos acabaron en el Tribunal Constitucional, quien desechó, en una primera sentencia, las restringidas por considerarlas inconstitucional. Pero ¿Qué dice la Constitución?: el acceso a la función pública debe estar regidos por los criterios de igualdad, capacidad y mérito. Esa primera sentencia siempre fue errónea, considerando la superación de exámenes de alto valor académico como el criterio de valoración de los tres conceptos juntos. Las sentencias que la siguieron, sólo fueron copias unas de otras. Así trabajan los jueces, a cuyo cuerpo precisamente se accede por unas de las oposiciones más competitivas del estado.

Pero analicemos ¿es igualdad la preparación de unas oposiciones mientras se tiene que compartir el trabajo diario con el estudio de oposiciones ultraacadémicas y competitivas, mientras otros sólo se dedican estrictamente a estudiar en especializadas academias?

¿Es mayor capacidad para ejercer la función pública docente el aprobar dichos exámenes frente a la experiencia acumulada demostrada año tras años, soportando una alta movilidad, cobrando menos, etc.?

¿Es mérito que existan pruebas eliminatorias en las que la experiencia no sirva prácticamente para nada, y la experiencia sólo se compute tras aprobar esas pruebas eliminatoria conformando de hecho una oposición + concurso?

¿Acaso no es discriminatorio y desigual que hoy día se barajen soluciones excepcionales para otros cuerpos (recientemente en la sanidad pública) y no se contemplen las mismas soluciones para los docentes interinos?

¿Tienen que pagar los trabajadores en precario los fallos del sistema? ¿eran justas las restringidas de 1979 y ahora son injustas?

¿Hay que plegarse ante el posibilismo legal –claramente erróneo para muchos- y dejar de reivindicar la estabilidad justa de los trabajadores tras acumular años de servicio?

¿No se alcanza la estabilidad laboral en todos los ámbitos profesionales –excepto lo público para no dar ejemplo- tras acumularse tres años de trabajo? – Por mucho que se le quiera dar la vuelta, los docentes interinos actuales tenemos toda la razón.

Las oposiciones restringidas no sólo existieron en educación, sino en todos los ámbitos de las administraciones públicas (Universidad (por donde accedió la por entonces guerrillera interina Dª Cándida Martínez, actual Consejera de Educación en Andalucía), Judicatura, Correos, Ayuntamientos, etc.). Hablamos de más de 500.000 empleados públicos, que ahora ejercen funciones directivas y preferentes. ¿Fue entonces justo su acceso y es injusto que pidamos ahora lo mismo?

ACCESO DIRECTO: MILES DE PROFESORES FUNCIONARIOS SIN OPOSICIONES. CONCURSOS DE MÉRITOS PARA ACCEDER A CATEDRÁTICOS.
El CASO DE LOS PVI

Otro hecho llamativo fueron los 20.000 docentes de primaria que entre 1977 y 1985 accedieron por “acceso directo”, es decir sin oposiciones. Accedían directamente al funcionariado tras ser propuestos por las Universidades por las excelentes notas cosechadas. Este asunto fue el que provocó las primeras impugnaciones judiciales al sistema de acceso, pues los candidatos se elegían repartiéndose el cupo por provincias y universidades según el número de matriculados, por lo que maestros de algunas universidades no accedían a pesar de tener mayor puntuación que los de otras. Además, fue notorio que algunas universidades hinchaban las notas de sus alumnos, para alcanzar más prestigio. A partir de 1985, se rechazó este acceso, por lo que aquellos que no consolidaron la plaza fueron asimilados como “interinos”. Este sistema de acceso sólo obedecía a las grandes necesidades educativas existentes al comienzo de la Democracia.

Calculamos en torno a 5.000 catedráticos de instituto de toda España (unos 1.000 en Andalucía) los que consiguieron el acceso a sus cátedras a través de “concursos de méritos”. Fueron los mismos agregados los que impugnaron tal sistema, por lo que a partir del año 1983 las oposiciones a cátedra se endurecieron muchísimo, existiendo incluso la posibilidad de acceso sin experiencia alguna previa. Quizá lo más lógico hubiese sido que se alcanzase la cátedra tras acumularse muchos años de experiencia.

Otro caso significativo es el de los actuales PVI (Personal Vario Interino). Eran maestros que daban Educación Física. Tras la creación de la carrera de INEF, y la obligatoriedad de tener este título para impartir la asignatura, se creó un proceso de consolidación de empleo mediante “concurso de mérito”, por el que entraron la mayoría de ellos. A partir de 1985, tras impugnarse de nuevo, los que injustamente no fueron  hechos funcionarios como los demás, fueron asimilados como interinos. Actualmente hay sentencias favorables para volver a incorporarlos, pero la Consejería la ha recurrido, desechando la oportunidad de haber acabado con su problema de precariedad (unos 60 en Andalucía y de avanzada edad). Lamentable.

PERSONAJES “ILUSTRES” POR “RESTRINGIDAS” ¿QUIÉN LOS HA VISTO Y QUIÉN LOS VE?

En SADI-Cádiz hemos recopilado un abundante material (más de 1.000 folios) que contiene listas de aprobados en “restringidas”, donde aparecen muchos políticos de todo corte, sindicalistas, etc., algunos de los cuáles se han mostrado abiertamente en contra de que se les dote de estabilidad definitiva a los interinos. Por lo menos, ante el cinismo demostrado, que todos sepamos que aprobaron por “restringidas”. Ni que decir tiene que la mayoría son “liberados de la tiza”. Algunos de ellos aprobaron ante la facilidad de las pruebas (sobre todo en las restringidas entre 1977 y 1979) y no han vuelto a ejercer la docencia, mariposeando de cargo en cargo o con una liberación sindical casi vitalicia. En las oposiciones de 1977 aparecen mezclados libres y aprobados por restringidas, pero los nombramos igual porque había tantas plazas como profesores se presentaron.

Entre estos “ilustres” se encuentran:

Carmen Romero (mujer del ex presidente Felipe González),

José Pascual Lloniz (Dirección de RRHH de la Junta),

Luís Daniel Castillejo Gómez (Representante en Mesa Sectorial de CCOO),

Pilar Sánchez Muñoz (Ex Delegada de Educación en Cádiz, quien llegó a decir de los representantes de SADI-Cádiz que éramos “unos impresentables que si diésemos clase a sus hijos los cambiaría de centro”),

Blanca Alcántara (PSOE-Cádiz),

Francisco Menacho (ex Delegado Provincial de Educación en Cádiz),

Javier Durá (PP-Cádiz),

Miguel Cabeza (PSOE- Cádiz),

Juan Román Sánchez (PSA-Cádiz),

Cipriano Meléndez (Jefe de la secundaria de la Delegación de Cádiz a quien SADI-Cádiz denunció por irregularidades demostradas en la cobertura de “puestos específicos” en Cádiz) ,

Juan Manuel Sánchez Gordillo (I.U., a quien cabría recordarle las palabras de su compañero Juan Vicente Acuña de que “salgan oposiciones masivas con el sistema de acceso que sea”),

Amparo Marzal (diputada y portavoz de educación del PSOE en el Parlamento Nacional), y un largo etcétera de concejales, exconcejales , sindicalistas, y otros cargos que omitimos por considerarlos menos relevantes.

CONCLUSIÓN
Este trabajo sólo pretende realizar un estudio histórico, documental y pormenorizado, de la figura del interino en los últimos años. Concluimos que nunca los interinos actuales tuvieron más difícil el acceso al funcionariado, comparado con el tratamiento histórico más favorable que existió anteriormente a 1985. La interinidad es un problema cíclico, derivado de la obsoleta administración funcionarial que existe en España. No queremos herir sensibilidades.

Nos parece justo lo que se hizo en su día para dotar de la estabilidad necesaria a unos 100.000 docentes interinos de toda España. La estabilidad laboral de los trabajadores por acumulación de experiencia en su trabajo es una causa totalmente justa, base para llevar una vida profesional y familiar con dignidad. Consideramos que las circunstancias de precariedad de entonces son las mismas que actualmente padecen 80.000 interinos docentes de toda España. No cabe defender que entonces fue justo y ahora no. Eso es cinismo. Exigimos soluciones políticas que doten de estabilidad en sus trabajos a los 80.000 interinos docentes de toda España.

Este trabajo ha sido elaborado por SADI-Cádiz

Publicado en Sadi Cadiz